Esta noche, a las 12, entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza por sus víctimas, es decir el ciudadano.
Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización, de 600 a 30.000 €.
Grabar a un policía y difundir las imágenes en internet: entre 100 y 600 €.
Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas, de 600 a 30.000 €.
Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se “perturba la seguridad”, de 601 a 30.000 euros.
Negarte a ser identificado: entre 100 y 600 €.
Causar daños a bienes muebles o inmuebles que estén en la vía pública, entre 100 y 600 €.
Organizar protestas en redes sociales será considerado pena de terrorismo.
Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, de 30.000 a 600.000 euros.
Insultar a la policía durante una manifestación, de 100 a 600 €.
Piratear software, de 6 meses a 3 años de prisión.
Negativa de disolución de concentración o manifestación, de 600 a 30.000 €.
Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños, de 100 a 600 euros.
Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización, de 600 a 30.000 €.
Grabar a un policía y difundir las imágenes en internet: entre 100 y 600 €.
Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas, de 600 a 30.000 €.
Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se “perturba la seguridad”, de 601 a 30.000 euros.
Negarte a ser identificado: entre 100 y 600 €.
Causar daños a bienes muebles o inmuebles que estén en la vía pública, entre 100 y 600 €.
Organizar protestas en redes sociales será considerado pena de terrorismo.
Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, de 30.000 a 600.000 euros.
Insultar a la policía durante una manifestación, de 100 a 600 €.
Piratear software, de 6 meses a 3 años de prisión.
Negativa de disolución de concentración o manifestación, de 600 a 30.000 €.
Escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños, de 100 a 600 euros.