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«La solución a este problema tiene que ser militar, diplomática, económica, política o las cuatro a la vez, pero no judicial, porque cuando un procedimiento judicial se pone en marcha, no puede esfumarse, menos aún motivado por una extorsión o un chantaje», explicó ayer a La Voz una fuente oficiosa de la Fiscalía General del Estado. De todas las vías citadas, otras fuentes judiciales han apuntado que la principal es la económica. Es más, precisaron que los secuestradores ya han doblado en varias ocasiones la cuantía que reclaman por el rescate y que la libertad de sus compañeros detenidos en España se planteó, al menos inicialmente, como una cuestión secundaria. Al parecer, los negociadores españoles llegaron a pedir que se le pusiese precio a esa segunda parte de las exigencias. Según las citadas fuentes, la cuantía que se está pidiendo ronda ya los 14 millones de dólares (casi 10 millones de euros).
Por otra parte, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional recordaron que fue la Abogacía del Estado -dependiente del Ministerio de Justicia y por tanto del Gobierno- la que presentó en la Audiencia Nacional la denuncia que hizo posible la apertura del procedimiento judicial en el marco del cual están detenidos en España los dos piratas somalíes capturados por la fragata Canarias .
«No la presentamos -precisaron fuentes de la citada Fiscalía- porque no era necesario y además limitaba considerablemente la posibilidad de resolver el conflicto por parte de las autoridades gubernativas». Las mismas fuentes explicaron que, «una vez abierto el procedimiento, cuando nos comunican que había detenidos, fue cuando nosotros pedimos la prisión, porque no cabía hacer otra cosa».
Otras voces consultadas avalaron la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al ratificar que el procedimiento judicial es lo menos adecuado para resolver un problema como es un secuestro: «Las leyes te encorsetan y te impiden hacer lo que pretenden que se haga», explicaron.
El abogado de los dos piratas se entrevistó ayer con el fiscal encargado del caso para exponerle una posible solución, que no es otra que la aplicación del artículo 57/7 de la ley de extranjería y el 89 del Código Penal que, según él, permiten que cuando un extranjero cometa un delito en territorio español -a bordo del Alakrana , en este caso- la pena puede ser sustituida por la expulsión al país de origen.
Fuentes la de Fiscalía señalaron al respecto que, en este caso, la gravedad de los delitos que se le imputan, entre ellos 36 detenciones ilegales, hacen inviable esa solución.
Las mismas fuentes precisaron que tampoco es una salida la extradición de los mismos para ser juzgados en su país, porque, al no existir un convenio con Somalia, el proceso se podría dilatar varios meses, por mucho que se intente agilizar.
Momento delicado
Por su parte, la hija del patrón del Alakrana, Cristina Blach, y la hermana del capitán, Argi Galbarriatu, no quisieron hacer declaraciones tras entrevistarse con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, porque el «momento es muy delicado». Las dos representantes de las familias le pidieron que se busque la forma de devolver a los dos detenidos a Somalia, pero Juanes les explicó las dificultades que entraña.
Mientras, el juez Santiago Pedraz, que instruye la causa, continuaba sus investigaciones y ayer ordenaba un volcado de las llamadas de los dos piratas para obtener pruebas de su participación en el secuestro.
Sin embargo, el Gobierno insistía en que está explorando todas las vías jurídicas legales que existen para encontrar una solución que desbloquee la compleja situación. Así lo repitieron los ministros Miguel Ángel Moratinos y Francisco Caamaño. El responsable de Asuntos Exteriores señaló que el Ejecutivo apuntará una solución jurídica de entre las que estudia a la Audiencia Nacional, que será la que decida. El de Justicia señaló que no se puede «ventilar con altavoces» cómo los tribunales van a aplicar las leyes para lograr la liberación de la tripulación.
Pese a las dificultades, tanto Moratinos como la titular de Defensa, Carme Chacón, expresaron su esperanza de que el caso se solucione cuanto antes, en la línea de lo que manifestó el día anterior Zapatero.
Tras la reunión del gabinete de crisis presidido por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ministro de Exteriores informó de que el Gobierno «está explorando todas las vías para acelerar al máximo la solución». En el frente diplomático, dijo que el Gobierno somalí se ha comprometido a redoblar sus esfuerzos y que el primer ministro, Omar Abdurashid Ali Sharmake, ha encargado a su ministro del Interior, originario de la región donde fue apresado el buque, que haga gestiones para resolver el secuestro.